Una alerta de ciberseguridad se activó el pasado jueves luego de que un grupo de cibercriminales identificados como “Mortemteam” pusiera a la venta en la darkweb un padrón con 300 mil registros de tlaxcaltecas, vinculados a instituciones del gobierno del Estado.
Lo anterior, luego de que afirmaron haber hackeado la seguridad de sistemas del Gobierno de Tlaxcala, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y la SEP.
La base de datos a la venta contendría información altamente sensible, principalmente, datos de identificación como la CURP, domicilio, teléfono, estados de cuenta e, incluso, INE de 300 mil personas.
Quien emitió la alerta de ciberseguridad para Tlaxcala fue la Asociación Mexicana de Investigadores Digitales de Ciberseguridad en Internet, también, la empresa de ciberseguridad estadounidense VECERT.
Sobre este incidente se tuvo conocimiento de que el archivo a la venta contendría 61.90 MB de información en formato TXT que estaría disponible para su descarga mediante un servicio externo de almacenamiento en la nube.
Mortemteam es el grupo que se atribuye la filtración y en la alerta se identificaron los alias: Returner$, Dynevór, Lvn4t1k0 y KerberusCrow.
El ataque a los sistemas del gobierno del estado fue confirmada por la empresa VECERT con sede en Miami.
El incidente representa un riesgo para los 300 mil registrados en dicha base de datos y abriría la puerta a una suplantación de identidad de los registros en cuestión.
Recomiendan extremar precauciones
Ante una posible exposición de esta magnitud, especialistas en seguridad informática recomiendan desconfiar de llamadas, mensajes de WhatsApp, SMS y correos electrónicos en los que una persona
utilice información personal para aparentar legitimidad.
También resulta importante no proporcionar contraseñas, NIP, códigos recibidos por SMS o códigos de autenticación, aun cuando quien establezca contacto conozca previamente datos como nombre completo, CURP, domicilio u otra información personal.
La alerta coloca además sobre la mesa la necesidad de que las autoridades competentes determinen la autenticidad y procedencia de la información, así como el número real de personas afectadas y las medidas que deberán adoptarse para protegerlas.
