Trabajadores fueron puestos a disposición de la FGR pese a presentar documentación sobre la procedencia del gas; la empresa asegura que inconsistencias en el reporte policial fueron evidenciadas mediante el GPS de la unidad
Puebla, Pue.- Una empresa dedicada a la distribución de Gas LP denunció presuntas irregularidades en operativos de seguridad realizados en la zona de Palmar de Bravo, Puebla, luego de que dos de sus trabajadores fueran detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), pese a que, asegura, contaban con documentación para acreditar la legal procedencia y traslado del combustible.
De acuerdo con el testimonio de la apoderada legal de la compañía, los hechos ocurrieron el pasado 13 de agosto, cuando los trabajadores realizaban labores de distribución de Gas LP a bordo de un autotanque y fueron interceptados por elementos de la Policía Estatal.
La representante aseguró que desde aproximadamente dos semanas antes la compañía había enfrentado situaciones que considera como presuntos intentos de extorsión durante sus recorridos. Esta acusación corresponde a la versión de la empresa y deberá, en su caso, ser investigada por las autoridades competentes.
Según su relato, durante la intervención del 13 de agosto los trabajadores mostraron tanto de manera electrónica como física la carta porte o CFDI de traslado, documento con el que buscaban acreditar la posesión y transportación legal del producto. Pese a ello, fueron puestos a disposición de la FGR en Puebla.
Empresa acreditó trazabilidad del Gas LP
Una vez en sede ministerial, la representación legal presentó documentación adicional para demostrar el origen lícito del combustible.
Entre los documentos exhibidos, señaló, estuvieron la ratificación de la emisión de la carta porte, la factura correspondiente a la adquisición del producto y documentación destinada a demostrar la trazabilidad del Gas LP.
La empresa afirmó que su proveedor es G.G. Gas, perteneciente a Grupo Global Gas, y también presentó documentación para acreditar la relación laboral de los dos conductores detenidos.
Asimismo, aseguró haber presentado el permiso originalmente emitido por la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) y actualmente vigente ante la Comisión Nacional de Energía (CNE), que la faculta para realizar actividades de distribución mediante autotanques.
Tras analizarse los elementos aportados, los dos trabajadores recuperaron su libertad alrededor de las 12:45 horas del sábado, según la versión proporcionada por la compañía, al determinarse que no existían elementos para mantenerlos detenidos.
GPS habría contradicho versión policial sobre la detención
La empresa sostiene que otro elemento resultó determinante: los datos del sistema GPS instalado en el autotanque presuntamente no coincidían con la hora y el lugar de detención asentados por los policías en su puesta a disposición.
La defensa exhibió los registros de geolocalización de la unidad para controvertir la versión presentada por los agentes.
La representante explicó que, al tratarse de una empresa regulada, sus unidades deben cumplir distintos requisitos administrativos y técnicos, entre ellos portar GPS y código QR rotulado, además de la documentación correspondiente al traslado del combustible.
Para la compañía, estos mecanismos permitieron reconstruir el recorrido de la unidad y aportar elementos objetivos sobre las circunstancias en que ocurrió la intervención policial.
Una segunda unidad fue detenida dos días después
La apoderada relató que el domingo 16 de agosto se produjo un segundo incidente en la misma región.
En esta ocasión, otra unidad de la empresa fue detenida en una zona cercana a Palmar de Bravo. Sin embargo, aseguró que el autotanque se encontraba vacío, debido a que acababa de salir de trabajos de reparación técnica.
De acuerdo con su testimonio, en esta intervención participaron elementos de la Marina y la explicación proporcionada por un oficial habría sido que las revisiones buscaban evitar riesgos relacionados con un incidente ocurrido anteriormente en el municipio de Tepeaca.
La representante afirmó que solicitó conocer concretamente qué conducta ilícita se atribuía al operador o qué irregularidad presentaba la unidad, pero no recibió una explicación precisa. Finalmente, después de una discusión con el oficial responsable del operativo, el vehículo pudo continuar su recorrido sin ser puesto a disposición.
La apoderada también denunció haber recibido un trato que consideró despectivo por razón de género durante la comunicación telefónica con el oficial. Según su relato, antes de explicarle las razones de la intervención, el elemento preguntó si quien hablaba era mujer y posteriormente se dirigió hacia ella en términos que consideró minimizaron su calidad de representante legal y especialista en la materia.
Advierten sobre criminalización de distribuidores regulados
La empresa consideró preocupante que los operativos contra el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos puedan derivar en la criminalización de operadores y empresas formalmente establecidas, particularmente cuando circulan por regiones identificadas por las autoridades como zonas de riesgo.
Su representante sostuvo que los conductores portan uniforme y gafete, mientras los autotanques se encuentran rotulados y equipados con los dispositivos y documentación requeridos por la regulación aplicable.
Cuestionó que, pese a estas medidas, una intervención pueda terminar con los trabajadores señalados inicialmente por posibles delitos relacionados con hidrocarburos mientras las autoridades verifican posteriormente la documentación.
La preocupación, agregó, aumenta debido a las consecuencias jurídicas que puede enfrentar una persona sometida a una investigación por delitos que ameriten prisión preventiva, incluso antes de que pueda esclarecerse plenamente la procedencia del producto.
También realizó señalamientos sobre presuntos actos de corrupción y condiciones de seguridad al interior del penal de San Miguel; sin embargo, esas acusaciones forman parte de su testimonio y no fueron acompañadas, en la información proporcionada, de elementos independientes que permitan corroborarlas.
La compañía pidió mayor capacitación y criterio en las revisiones carreteras, al considerar que el combate al robo de hidrocarburos no debería traducirse en detenciones automáticas cuando existen documentos y herramientas tecnológicas que permiten verificar en el lugar la situación de las unidades y la procedencia del producto.
Los señalamientos sobre presuntos intentos de extorsión, irregularidades en la puesta a disposición y actuación de los cuerpos de seguridad corresponden a la versión de la empresa. Para contar con una perspectiva integral de los hechos será necesario conocer el posicionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, la Secretaría de Marina y la FGR sobre ambos operativos.
